María González-Veracruz, Óscar López y Antonio Hernando en una reunión con las comunidades autónomas en el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública.

María González-Veracruz, Óscar López y Antonio Hernando en una reunión con las comunidades autónomas en el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública. Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública

Tecnología

El Gobierno pedirá a Bruselas extender unos meses el plazo para ejecutar las ayudas al 5G como solicitaban las operadoras

Transformación Digital saca de nuevo a consulta pública las zonas elegibles del programa UNICO para poder lograr el visto bueno de la Comisión Europea.

Más información: Telefónica y Masorange se reparten más de 161 millones de euros en ayudas para desplegar el 5G en zonas rurales

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El Gobierno solicitará a la Comisión Europea (CE) ampliar "unos meses" el plazo de ejecución de los dos programas de ayudas públicas destinados a llevar el 5G a las zonas rurales del país (UNICO Backhaul Fibra Óptica y UNICO Redes Activas) y que están financiados con los fondos europeos Next Generation.

De confirmarse, la medida daría respuesta a una demanda que llevan tiempo realizando las operadoras de telecomunicaciones, que han alertado de la dificultad de cumplir con las fechas fijadas en la base de la convocatoria. El motivo, una excesiva burocracia que complica los planes de despliegue diseñados.

Para poder lograr esta ampliación de los plazos, el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública deberá confirmar antes que las zonas que se identificaron como elegibles (es decir, aquellas en las que se cumplían las condiciones para poder usar los fondos europeos para financiar los despliegues) lo siguen siendo a día de hoy.

Con este fin, el Ministerio acaba de sacar una consulta pública, que estará abierta hasta el próximo 21 de abril y en la que podrán participar todas las partes interesadas, desde los operadores de telecomunicaciones, hasta las administraciones públicas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y otros agentes.

El texto de la consulta, detalla que, dado que se prevé que los plazos de ejecución de los proyectos adjudicados bajo los programas de Backhaul y Redes Activas puedan extenderse más allá de los tres años siguientes a las fechas de sus respectivas consultas públicas, es necesario revisar la "vigencia de la elegibilidad" de los emplazamientos y las zonas.

"El objetivo de la presente consulta es verificar que las zonas inicialmente previstas para el despliegue de infraestructuras con apoyo público siguen siendo eligibles para recibir dicho apoyo público si se demuestra la continua ausencia de interés de despliegue por parte de la iniciativa privada (...) posibilitando así la ampliación del plazo temporal para su ejecución material", detalla.

En concreto, las preguntas planteadas en la consulta se efectúan para el horizonte temporal de los próximos dos años, y especialmente a fecha de 30 de abril de 2027, "sin perjuicio de que las potenciales ampliaciones temporales puedan contemplar un periodo inferior que se determinará en función de otros condicionantes".

Consulta pública

En el caso del programa UNICO 5G Redes-Backhaul Fibra Óptica, que tenía como fin dotar de conexión de backhaul mediante fibra óptica a emplazamientos (torres) de telefonía móvil, la consulta sobre los emplazamientos elegibles se celebró entre el 17 de junio y el 18 de julio de 2022.

La idea era localizar las torres situadas en municipios de menos de 20.000 habitantes (aunque el programa se dirigió finalmente a emplazamientos situados en localidades de menos de 5.000 habitantes) sin conexión de fibra óptica o en los que no estaba previsto que se instale en los próximos tres años.

El Gobierno resolvió la convocatoria en el verano de 2023 y concedió 448,8 millones de euros a los proyectos presentados por ocho operadores (Adamo, Avatel, Gurbtec, Lyntia, Orange, Telefónica, Totem y Tradia). La fecha límite de ejecución dichos proyectos quedó fijada en el 30 de junio de 2025.

Para UNICO 5G Redes Activas, la consulta se llevó a cabo entre el 15 de febrero y el 16 de marzo de 2023. En ello, se determinaron las zonas con construcciones y tramos de carretera ubicados en municipios de menos de 10.000 habitantes en los que no existía cobertura 4G de al menos 50 Mbps en sentido descendente y para las que no se tenían planes de ser dotadas de dicha cobertura en los tres años siguientes.

De este programa se realizaron dos convocatorias. La primera se celebró en octubre de 2023, pero su adjudicación definitiva no llegó hasta julio de 2024 debido a los cambios que se estaban produciendo en el sector español de las telecomunicaciones, especialmente la creación de Masorange. Telefónica, Orange, Vodafone y la UTE Avatel y Xfera (MásMóvil) se repartieron 508 millones de euros.

La segunda convocatoria se abrió en septiembre de 2024 y su resolución definitiva la anunció Óscar López en la última edición del MWC de Barcelona. En este caso, Masorange y Telefónica se adjudicaron 161,3 millones de euros, después de que Vodafone renunciara a los proyectos que se había llevado en la resolución provisional.

Plazos ajustados

Las bases de UNICO 5G Redes Activas recogen que el plazo de ejecución no podrá extenderse más allá del 17 de febrero de 2026. Esto supone que los proyectos financiados en la convocatoria resuelta hace apenas unas semanas tendrán que completarse en menos de un año.

Un plazo que es, en muchos casos, inasumible para las operadoras. Como han recordado en diversos foros públicos, hay trámites como peticiones de ampliación de acometida eléctrica o permisos de obra que pueden llevar de cuatro meses a más de un año.

En muchos de estos procesos entran en juego permisos que dependen de ayuntamientos, que a veces no tienen los conocimientos ni los recursos necesarios para gestionarlos en un corto periodo de tiempo. Y a ello hay que sumar que las telecos no disfrutan hoy por hoy de una elevada capacidad de inversión por culpa de la alta competencia.

Con esta extensión de unos meses del plazo de ejecución, las operadoras tendrán más fácil cumplir con los proyectos a tiempo y evitarán tener que devolver las ayudas. Fuentes del Ministerio para la Transformación creen que Bruselas no pondrá ninguna pega a dicha extensión.